domingo, 15 de abril de 2012

Es necesario que España revise el estado autonómico



Por Guillermo Brunet

Esta última semana se han levantado muchos comentarios y opiniones sobre la propuesta de Esperanza Aguirre, Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, para devolver algunas competencias que ahora ejercen las comunidades autónomas al estado central. Esta propuesta no es la primera vez que se hace, muchos periodistas y algunos políticos ya la han ido introduciendo en el debate político con más bien poco éxito en los grandes medios, la novedad es que esta vez ha sido planteada por una política de peso dentro del partido del gobierno y el “orden establecido” se ha visto obligado a salir al paso para evitar que la propuesta tuviera eco en la opinión pública. En otros artículos ya he expresado varias veces la necesidad de devolver algunas competencias al gobierno central. Creo que muchos ciudadanos también piensan igual. Quizás donde puede haber discrepancias y mayor controversia es en decidir qué competencias deberían verse afectadas.

Desde mi punto de vista dos son las razones que justifican esta devolución. Primero una razón política, las comunidades autónomas no deberían ejercer ninguna competencia que la constitución otorga en exclusiva al estado central. Parece de sentido común que no hay que duplicar competencias, además de ahorrar se reducirían los conflictos y mejoraría la transparencia, ya que todos los ciudadanos tendríamos claro qué administración es la encargada de cada una de las competencias y sabríamos a quien responsabilizar por el ejercicio de las mismas. Entre estas competencias estarían las de la representación exterior o las de justicia. Igualmente, en el ejercicio de la competencia exclusiva que tiene el estado para garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos de España, debería asumir la legislación básica en algunas materias como la sanidad, la educación o normas de función pública, para evitar las diferencias en los derechos de los ciudadanos por vivir en un sitio u otro de España.
La segunda razón es económica. Muchas de las competencias ahora en manos de las comunidades autónomas serían mucho menos costosas si en vez de gestionarse por 17 organismos lo fueran por uno solo. Entre estas competencias estarían las de sanidad y educación. ¿O es qué, al igual que pasa con los medicamentos, no sería más barato contratar suministros para hospitales y colegios si el volumen fuera mayor?

En cualquier caso, opiniones sobre qué competencias podrían devolverse al estado hay muchas y está claro que debería ser materia de discusión y negociación. Pero lo que más llama la atención es la respuesta de los medios oficiales a la propuesta: evitarla y sustraer el debate a la ciudadanía. Al día siguiente por ejemplo La Vanguardia o los diarios del grupo Prisa se levantaba con el siguiente titular: “Aguirre se queda sola”. Me pregunto quién decide si se queda sola o no. Entiendo que se referían a sola entre los políticos, pero la sociedad española es más que sus políticos, muchos ciudadanos, periodistas, profesores de universidad e incluso políticos opinan lo mismo, o no, pero estarían de acuerdo en abrir el debate. Otra de las reacciones que representa este intento por tratar de sustraer el debate es la vertida por el propio Presidente del Gobierno: “ni se plantea, ni se discute” dijo en el Senado. Entiendo al Presidente del Gobierno, los nacionalistas ejercen una presión constante y agobiante y ahora lo más importante es salir de la crisis económica de España y es más cómodo no abrir más temas, pero lo lógico es que se plantee y se discuta, al igual que se está haciendo, por ejemplo, con el llamado pacto fiscal con la Generalitat de Cataluña. Los políticos deberían entender que la democracia no son solo las elecciones una vez cada cuatro años, si no que la confianza de los ciudadanos se debe ir renovando cada día, y que los debates no los decide el político, si no los ciudadanos. Los políticos deben responder a las necesidades e inquietudes de los ciudadanos y no al revés, y yo creo que esta es una inquietud que muchos ciudadanos tienen y que por lo tanto debería, por lo menos, plantearse y discutirse.

Finalmente, en el planteamiento de Esperanza Aguirre había otra idea, quizás la más importante de todas si se analiza desde un punto de vista político: El sistema autonómico se creó en 1978 para dar cabida a las minorías nacionalistas, nadie más lo pedía. Se trataba que los nacionalistas se sintiesen cómodos e integrados en España, pero después de 35 años no solo no están cómodos si no que, según dicen, se sienten más alejados de España que nunca. Es evidente que el estado autonómico no ha cumplido este objetivo, que fue el fundamental para la instauración del mismo. Si todo el estado autonómico se fundamenta en un objetivo fallido ¿No es como mínimo lógico pedir su revisión?

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