domingo, 11 de marzo de 2012

¿Para qué un defensor del pueblo catalán?


Por Guillermo Brunet
La reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a poner de manifiesto lo que está costando a muchos ciudadanos el poder ejercer sus derechos. Una cosa tan simple en cualquier lugar del mundo como es el poder educar a los hijos en la lengua oficial del estado cuesta años de tribulaciones judiciales en España. Incluso sentencias dictadas por el propio Tribunal Supremo, no solo no se cumplen, sino que además se manifiesta por parte del gobierno de Cataluña la intención de no cumplirlas en el futuro, y ahora a todo esto se le une la colaboración del TSJC para poner aún más dificultades al ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Pero una de las cosas que más me llama la atención de todo este proceso es que la defensa de estos derechos y la lucha para que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo la están llevando ciudadanos particulares. Los grandes partidos nacionales no están ayudando mucho, limitándose en algunos casos a grandilocuentes y en otros casos a ambiguas declaraciones  de algunos políticos a título particular que luego no se plasman en ninguna medida real, lo que a veces  perjudica más a la defensa de estos derechos y son contraproducentes  ya que los ciudadanos y los tribunales perciben que  sus acciones o sentencias son inútiles ya que al final, por mucha razón que les asista se convierten en inefectivas. Al mismo tiempo, los nacionalistas comprueban que la política de la extorsión y los hechos consumados es efectiva, ya que el estado no se atreve a actuar contra la conculcación de los derechos siempre y cuando se ejerza la oportuna presión y amenaza.

Instituciones que están para defender los derechos de los ciudadanos contra el abuso y los incumplimientos de la administración como el defensor del pueblo catalán ya han declarado que no van a cumplir con su misión.  Rafael Ribó, el defensor del pueblo catalán, ha dicho: “No hemos visto incumplimientos materiales como para actuar de oficio en esta cuestión”.

Lo primero que me planteo es que el defensor del pueblo catalán no es quien para enmendarle la plana al Tribunal Supremo. Es el Tribunal Supremo quien ha sentenciado que hay incumplimientos materiales, por lo que la obligación del defensor del pueblo catalán es actuar defendiendo los derechos del administrado en contra de los abusos de la administración. Esa es exactamente su función y no la de reinterpretar las sentencias del Tribunal Supremo según su conveniencia.  Pero ¿Por qué le puede convenir ignorar las sentencias de los tribunales en este caso? Puede ser porque no quiera defender el derecho del ciudadano, lo que significaría un incumplimiento manifiesto de sus obligaciones, y por lo tanto la constatación de la inutilidad de la institución. También podría ser por una cuestión ideológica: el defensor del pueblo catalán es nacionalista y en conciencia prefiere no acatar las sentencias antes que actuar en contra de su ideología. En este caso debería dimitir o ser sustituido. Otra posibilidad es que tema por su puesto. Si molesta a los nacionalistas con este tema que para ellos es “intocable”  podría no renovar en el cargo o incluso ser  destituido. En cualquiera de los casos, todas las posibilidades nos llevan a las mismas conclusiones: Es una institución clientelar, inútil y costosa para el bolsillo del ciudadano.

La crisis nos está dejando un efecto colateral positivo: los ciudadanos están empezando a tomar conciencia de lo que les están costando las “cosas públicas” y hay que plantearse no sólo lo que cuestan si no a quién sirven. Hay muchos frentes en los que recortar gasto pero quizás el más evidente es en el campo de las instituciones duplicadas en el estado y en las comunidades autónomas. Hay que empezar a hablar claro, las comunidades autónomas son estado, pero no son un estado. Esto significa que las competencias se reparten entre los distintos niveles del estado pero no que cada uno de los niveles del estado deban tener las mismas competencias e instituciones. En algunos casos la duplicidad de instituciones no aporta nada, mejor dicho, solo aporta gasto, duplicidad, desconcierto en el ciudadano y sensación de desamparo. Es por ello que se deben suprimir.  Defensores del pueblo autonómicos, tribunales de cuentas autonómicos, organismos reguladores del mercado autonómicos, son algunos que se me ocurren, pero un análisis más profundo seguro que aportaría algunos más. Hay dos grandes razones por las que se deben suprimir:


1.  De control del gasto: no debemos gastar en estas instituciones dos veces, ya hay un defensor del pueblo con competencia en todo el estado y con oficinas en cada comunidad autónoma, ya existe un tribunal de cuentas del estado y en el caso de los organismos reguladores del mercado incluso el gobierno ha fusionado los del estado para reducir costes y mejorar la coordinación ¿Por qué entonces mantener los de las comunidades autónomas? En una información de ABC del año pasado vemos que el gasto de los 13 defensores del pueblo autonómicos  es de 55 millones de euros al año de los cuales 9 millones de euros son del “Síndic de Greuges”, el defensor del pueblo de Cataluña. Cada queja tramitada por el defensor del pueblo catalán cuesta 1.415 euros. La defensora del pueblo de España tiene un presupuesto de 15 millones de euros para todo el estado y cada una de las quejas que tramita cuestan menos de la mitad que las tramitadas por el defensor del pueblo catalán.  Si a esto le vamos sumando los presupuestos de otros organismos duplicados, el recorte no es desdeñable y todo, por poco que sea, suma.

2. Política: Estas instituciones son fuentes de clientelismo, a ellas van personas a las que se les premia por los servicios dados a los partidos políticos y no es “educado” morder la mano de quien te da de comer. Este tipo de instituciones son más maleables cuanto menor es el ámbito en el que actúan, siempre ha sido más fácil manejar a comunidades pequeñas que a las más grandes. Por lo tanto siempre da más garantía el defensor del pueblo o el tribunal de cuentas del estado que el de una comunidad más pequeña. Las CCAA no son estados que deban replicar todas las instituciones del estado central, son parte del estado y deben contribuir a su eficacia simplificando su estructura.

En definitiva los ciudadanos no entendemos para qué tantas instituciones que cuestan tanto dinero y que al final en vez de garantizar nuestros derechos solo sirven para eternizar nuestras demandas. Una sentencia clara del más alto tribunal no sólo no se cumple si no que tenemos un conjunto de instituciones que parece que las pagamos para facilitar el incumplimiento, para alargar los procesos hasta desvirtuarlos. Defensores del pueblo que no nos defienden ante los abusos de la administración, tribunales de cuentas autonómicos que no desvelan ningún caso de corrupción o desviación de fondos públicos. Al final son los ciudadanos particulares, fiscales o jueces a título personal quienes debemos hacer su labor.  Instituciones autonómicas duplicadas que se muestran inútiles, que no aportan nada positivo y que por lo tanto deberían ser suprimidas.

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