viernes, 26 de agosto de 2011

De la catalanización valenciana y mallorquina a la imposición del gallego de Feijóo


 La misión de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) es la catalanización de Valencia a través de la difusión del idioma tal y como lo normalizó Pompeu Fabra. La asociación se financia con el dinero de los contribuyentes catalanes. En los últimos diez años, laGeneralitat de Cataluña ha aportado 18 millones a esta institución, pero no va a pagar el último desmán.
El pasado mes de diciembre se modificó la ley que regula el sector audiovisual en la Comunidad Valenciana. A partir de entonces, no se puede emitir la señal de la televisión pública catalana. La ACPV era la entidad responsable de los repetidores deTV3 en esta comunidad. La asociación siguió emitiendo la señal ilegalmente en su afán por catalanizar Valencia. La administración autonómica multó a la institución con800.000 euros -incluyendo intereses por no pagar a tiempo-. Todavía faltan por abonar 500.000.
Artur Mas se ha negado a pagar dicha cantidad por dos razones. Por una parte ha querido evitar malas compañías, ya que el presidente de ACPV, Eliseu Climent, está involucrado en el 'caso Pretoria'. Un oscuro asunto de corrupción urbanística, centrado en la población catalana de Santa Coloma. También ha contribuido en la decisión del presidente catalán, la mala situación económica y los drásticos recortes en el presupuesto.
La ACPV puede verse obligada a desaparecer y de ser así, quedarían pocas posibilidades de catalanizar Valencia. Podrían hacer lo que se hace en Mallorca, donde los trabajadores del Consell de Mallorca cobran primas por tener un buen conocimiento de catalán. Si tienen un nivel medio, cobran un suplemento vitalicio de33 euros, si el nivel es más elevado la cantidad asciende a 66 euros. No hay complementos equivalentes en la lengua española, o sea que un funcionario puede cobrar la máxima cantidad aunque escriba en castellano con faltas de ortografía. El coste anual de esta medida es de 260.000 euros. Una suma considerable, teniendo en cuenta que el organismo tiene una deuda de 325 millones de euros.
Hay que reconocer que por lo menos en Mallorca la discriminación lingüística solo se produce entre el funcionariado. Mucho más retorcido es lo que está urdiendo el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo (PP). Representantes del gobierno autonómico se han reunido con delegados sindicales para promover el gallego en el entorno laboral. La intención es imponer el gallego tanto en la actividad interna de las empresas, como en su relación con la ciudadanía. La Secretaría General de Política Lingüística ha reafirmado su colaboración a través de los convenios con las principales entidades de representación de los trabajadores. La Xunta afirma que gracias a esta colaboración, los sindicatos están impulsando múltiples iniciativas para la difusión de la lengua gallega.
Sorprende que los sindicatos gallegos solo representen a los trabajadores de habla gallega.

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