sábado, 30 de julio de 2011

El castellano se discrimina y la bandera de España se oculta


La financiación de la imposición lingüística es un problema de todos los españoles. No sólo porque todo lo que sucede en España nos concierne a todos, sino porque financiamos con nuestros impuestos la imposición del catalán, gallego y valenciano. Se necesitan grandes sumas de dinero para favorecer un idioma sin proyección internacional. No es fácil convencer a la gente de que es mucho más práctico aprender y comunicarse en uno de los idiomas regionales. A modo de ejemplo, en Cataluña el 91% de las películas vistas el año pasado en el cine estaban dobladas al español, el 5% en catalán.
El Gobierno de España destina anualmente 236 millones de euros a las comunidades catalana, gallega, valenciana y balear para ‘normalizar’ las lenguas locales. Las comunidades vasca y navarra no pertenecen al régimen común de financiación. El sistema de financiación autonómica fomenta cualquier hecho diferencial, por ejemplo la mayor dispersión de la población o la condición de isla son causas para recibir dinero del gobierno. Otra causa es la existencia de una lengua autonómica. En un momento en el que España puede verse obligada a pedir un rescate al Fondo Monetario Internacional, el dinero de todos los españoles se despilfarra para imponer los idiomas regionales recortando los derechos de los castellanohablantes en dichas zonas.
Pero lo gastado por el Gobierno de España es poco en comparación con lo que se gastan las comunidades marginando al castellano. En un reciente informe elaborado por la asociación Galicia Bilingüe, se denuncia a la Xunta por la concesión de mil millones de euros en subvenciones tratando de manera desigual a los peticionarios en función de la lengua. Todas las ayudas concedidas por la comunidad gallega incluyen puntuación adicional por la utlilización del gallego, llegando en ocasiones a “sugerir” que se firme un documento comprometiéndose a utilizar el gallego. Conviene recordar que Núñez Feijóo (PP) prometió en las pasadas elecciones modificar este sistema discriminatorio.



Núñez Feijoo y el presidente de la Comunidad Balear, José Ramón Bauzá, pertenecen al mismo partido político, pero sus prácticas son muy distintas. Bauzá ha eliminado el requisito de saber catalán para acceder a un puesto de funcionario. A partir de ahora solo se le exigirá el conocimiento de catalán a los profesores y a las personas que estén de cara al público. Se pretende con este cambio priorizar la excelencia y la cualificación profesional frente a la cualificación lingüística.
Y de las lenguas pasamos a las banderas, ya que ambas son esenciales en todos los nacionalismos y su imposición implica la marginción de la lengua española, así como de la bandera de España. La asociación Convivencia Cívica Catalana, que dirije Francisco Caja, ha decidido llevar a cabo una campaña para “que la bandera española esté presente en los municipios de Cataluña en el sitio en que le corresponde”. Desde las pasadas elecciones municipales hay más de cien ayuntamientos catalanes en los que ha dejado de ondear la bandera española por motivos nacionalistas incumpliendo la ley de banderas. En un comunicado a la prensa, la asociación ha afirmado que “en Cataluña estamos demasiado acostumbrados a los desprecios y continuos ataques a la Constitución y a sus símbolos por parte del nacionalismo intolerante.”
CCC ha hecho un llamamiento a la ciudadanía: “Si en vuestra localidad o en otra que veranéis o conozcáis se incumple la ley por parte del ayuntamiento o el gobierno autonómico y la bandera española no está presente, os rogamos que nos lo hagáis saber".

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