miércoles, 6 de julio de 2011

Cataluña desafía a la UE y quiere que sus productos se etiqueten sólo en catalán


La Unión Europea está elaborando una normativa para regular el etiquetado de los productos. Pretende con esta medida defender los derechos de los consumidores para que conozcan los ingredientes de cada uno de los productos y que resulte más difícil engañarlos. Una de las medidas que proponen es que el etiquetado se haga siempre en el idioma oficial del estado. De esta manera, un ciudadano de Murcia destinado a Cataluña podría estar informado del contenido del producto sin necesidad de un traductor.
Sin embargo, eurodiputados catalanes de todos los partidos políticos, incluidoSanti Fisas, del PP, no están contentos con esta medida y quieren que se pueda etiquetar exclusivamente en catalán. Así, a excepción de Alejo Vidal-Quadras (PP),han pactado introducir una enmienda para poder usar sólo el catalán al detallar los componentes de cada producto. La propuesta de la UE que quieren cambiar establece que el etiquetado tenga que hacerse en una lengua oficial, es decir obliga a etiquetar en español.
Los eurodiputados catalanes argumentan que "la diversidad de la UE conlleva que muchos ciudadanos europeos tienen como su lengua materna una lengua diferente de la oficial" por lo que se "debe dar a los Estados la flexibilidad de incluir estas lenguas en cualquier tipo de etiquetado".
Si la enmienda es aprobada, es probable que el siguiente paso sea imponer la obligatoriedad de etiquetar los productos vendidos en Cataluña siempre en catalán, con la intención de marginar al español, como ya han hecho con la rotulación de los negocios.
ROTULOS EN LOS NEGOCIOS
En ese sentido, el partido 'Ciudadanos' ha registrado este martes una proposición de ley para suprimir las multas lingüísticas que padecen los ciudadanos catalanes que no rotulan sus negocios en catalán. Dichas multas van de los diez mil al millón de euros y en época de crisis puede suponer la diferencia entre mantener el negocio o cerrar y verse obligado a despedir a todos los empleados. La Asociación Nacional por las Libertades Lingüísticas cifra la recaudación por este concepto en 900.250 euros.
Ese dinero recaudado se utiliza, entre otras cosas, para conceder a los ex presidentes de la Generalitat una paga anual de 115.000 euros, con un mínimo de 4 años y, posteriormente, una pensión vitalicia de jubilación de 86.000 euros. Ganan más que los expresidentes del Reino Unido.
También se utilizan los fondos extraídos a las personas que rotulan sus negocios en español para pagar la ‘embajada’ de la Generalitat en Madrid, que cuesta más de dos millones de euros al año: 750.000 euros en alquiler, 420.000 euros en sueldos a 12 personas, 350.000 euros en cursos, conferencias y reuniones, 150.000 euros en prensa, revistas y libros, entre 40.000 y 140.000 euros -según el año- en exposiciones; 50.000 euros en seguridad; 40.000 euros en protocolo; otros 40.000 euros en cenas... en total 2,2 millones de euros.
BANDERAS
Mientras la Generalitat despilfarra el dinero de los catalanes, parece que el Ayuntamiento de Irún no quiere gastar en una bandera española, ya que ha recibido un requerimiento del delegado del Gobierno en Euskadi, Mikel Cabieces, instando a que cumpla con lo previsto en la Ley y coloque la enseña en la fachada de la Casa Consistorial. Al parecer se ha recibido en la Delegación del Gobierno la denuncia de un ciudadano que aseguraba que "en la fachada de ese Ayuntamiento (Irún) no ondea la bandera de España". La única bandera que está de manera permanente es la de la ciudad.
El delegado del Gobierno ha recordado al alcalde, José Antonio Santano (PSE), que "el art. 3.1 de la ley 39/81, indica que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimiento de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado". Además, especifica que según el art. 6 de la citada Ley la bandera de España deberá ocupar “un lugar destacado, visible y de honor”, y que en caso de ser utilizada junto a otras banderas oficiales, ésta ocupará un lugar preeminente y las restantes no podrán tener mayor tamaño.
Este hecho tiene mucha más importancia de la que pueda parecer, ya que sienta un precedente importante. Cualquier ciudadano puede hacer una denuncia a cualquiera de los ayuntamientos en los que no está siendo enarbolada la bandera española, que no son pocos en las comunidades vasca y catalana. No se necesita ni siquiera que el ciudadano que hace la denuncia sea residente en el municipio en el que no se está aplicando la ley de banderas.

No hay comentarios:

Publicar un comentario